Para poner atajo al clima de conflictividad que prima en la corporación, parlamentarios de Convergencia Social e independientes buscan robustecer el reglamento interno de la Cámara.
A un punto de inflexión ha llegado la Cámara de Diputados y Diputadas. El tenso momento que vivió el hemiciclo durante el discurso de apertura del nuevo presidente, Vlado Mirosevic, -y que devino en la desvinculación de René Alinco de la bancada del PPP- coronó lo que hasta ahora ha sido un año marcado de agresiones verbales y hasta físicas entre los legisladores.
En conversación con radio Pauta, el parlamentario Liberal reconoció que ha asumido la testera de la Cámara “en un escenario donde no hay buen clima, hay desconfianza y muchas peleas”. Por tanto, anunció que propondrá “una modificación al reglamento para endurecer las sanciones para aquel que haga un escándalo, agresión física u otra la sufra”, considerando que “hoy día el reglamento ofrece un castigo muy pequeño a la dieta parlamentaria”.
Adelantándose a Mirosevic, parlamentarios de Convergencia Social e independientes, encabezados por la diputada Mercedes Bulnes, presentaron hoy un proyecto de ley que aumentaría los porcentajes de multas y especificaciones para sancionar violencia verbal y física proveniente de diputados y diputadas en ejercicio, en caso de ser aprobado.
“Si representamos a las personas de nuestro distrito, lo mínimo es hacerlo con responsabilidad; si exigimos controlar la violencia en nuestra sociedad, debemos dar el ejemplo; si condenamos la violencia, venga de donde venga, partamos por casa”, aseveró Bulnes, desde el Hall de El Pensador.
Entre las medidas, la iniciativa de ley busca estipular que no se aceptarán agresiones de ningún tipo al interior de la Cámara o fuera de ella, y pretende incorporar que “no serán admisibles agresiones de ningún tipo” en el artículo 346 del cuerpo normativo.
Adicionalmente, contempla subir las multas asociadas a las faltas. Esto es, aumentar de 2 hasta a un 5% la multa por llamado al orden y de 5 a 10% la multa por una amonestación. Asimismo, la multa por censura fluctuaría entre el 10 al 20 por ciento de la dieta mensual.
También se agregan dos sanciones pecuniarias para la negación de crímenes de lesa humanidad y las agresiones físicas. Una radica en una multa de hasta un 30% de la dieta mensual, en caso de que un diputado o diputada exprese declaraciones injuriosas o negacionistas respecto de los delitos de lesa humanidad fehacientemente acreditados por sentencias judiciales o informes de Derechos Humanos (Rettig y Valech); y otra de hasta un 50% de la dieta mensual en caso de que un diputado agreda físicamente a cualquiera de sus colegas, al personal de la Corporación y, en general, a cualquier autoridad, funcionario público o ciudadano.
Finalmente quienes lleguen al nivel de censura en el reglamento por reiteradas faltas éticas, la comisión podrá aplicar como sanción especial una multa por el 75% de la dieta parlamentaria.
“Creo que este proyecto es ejemplificador. Quienes tenemos en nuestras manos la legislación de un país, debemos comportarnos a la altura. Hablar con la verdad y control que se necesita, para crear un país justo y con paz. Es hora de ponernos la vara alta y ser un ejemplo ciudadano para nuestros compatriotas”, complementó la parlamentaria.
Agresividad ¿Que hay detrás?
En conversación con nuestro medio, el cientista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, apuntó a dos factores de carácter institucional que explican la agresividad de la Cámara. “El primero es el límite a la reelección que de alguna forma lo que implicó fue la entrada de nuevos actores, que es favorable, la renovación de la política, pero también dejó de lado a ciertos políticos que contaban con experiencia, con años dentro de la Cámara y que por ende tenían un comportamiento socialmente aceptable”.
En ello acotó que con “este límite en la reelección entraron personas que pertenecen a otros conglomerados políticos y que vienen con un discurso precisamente mucho más polarizado y precisamente esa polarización se transforma también en discusión”.
En segundo lugar, apuntó al cambio del sistema electoral. “Como es un sistema electoral proporcional, implicó la entrada de nuevos actores y estos nuevos actores, por un efecto de diferenciación entre ellos, lo que tiende a hacer es polarizar el debate, a polarizar las posiciones y que esa polarización de las posiciones lo que implica es generar elementos diferenciadores entre unos y otros, y al final la noticia, el impacto dentro de uno de los 155 que está peleando, que está discutiendo, termina siendo mucho más relevante para ellos que el propio trabajo legislativo”.
Por lo demás, el académico advirtió sobre la merma en la percepción ciudadana sobre el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos, las que a su juicio, “son de las más desprestigiadas en Chile desde los años 90 en adelante y no han mostrado en ningún momento síntomas de recuperación de esa confianza”.
“Uno podría pensar que el hecho de tener más representantes electos por un sistema proporcional contribuiría a acercar a esos políticos con la ciudadanía, pero lo que estamos viendo acá es todo lo contrario, toda vez que la gente los percibe como una institución que solamente se dedica al conflicto y no preocupados de solucionar sus problemas”, sostuvo.
Y precisó que “eso lo que va generando es un fenómeno que se conoce como la incongruencia programática que es cuando tienes representantes preocupados por cosas distintas a la que está preocupada la ciudadanía“.
“Se hacen encuestas a los parlamentarios, se hacen encuestas a la ciudadanía y uno observa que las preferencias son distintas, que tenemos una élite, una casta política mucho más polarizada y una ciudadanía que es más bien de carácter moderado”, añadió.
