-En una nueva jornada de votaciones, el pleno de Consejo Constitucional aprobó las polémicas enmiendas del Partido Republicano. Para los consejeros oficialistas se impuso una “maquinaria demoledora de derechos y libertades para Chile”.
El consejero constitucional, Yerko Ljubetic (CS), afirmó que, así como está quedando el borrador constitucional “no llamaría a aprobar un texto que establece menos derechos, menos libertades que, incluso, la Constitución vigente”.
Con esta opinión, el consejero resumió el espíritu que embarga a los representantes del oficialismo, luego que, en la jornada de este jueves, la derecha impusiera sin contrapeso las enmiendas republicanas relacionadas con los “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”.
Durante la tarde de este viernes, la derecha en bloque hizo sentir su peso y aprobó el artículo que permite la exención del pago de contribuciones para vivienda principal.
La norma fue impulsada por el Partido Republicano y había dudas sobre su aprobación ya que existían discrepancias con Chile Vamos, pero finalmente se aprobó con las abstenciones de los consejeros Gloria Hutt, de Evópoli; Lorena Gallardo, de RN; y Edmundo Eluchans, de la UDI.
“El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”, dice la norma.
Durante la jornada de la mañana, también se aprobaron otras polémicas enmiendas relacionadas con la libertad de elección en salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, además de la constitucionalización de las AFP y la pérdida de derechos laborales para los trabajadores, como el derecho a huelga.
“Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”, dice uno de los incisos aprobados con votos de la derecha.
Otra de las normas aprobadas relacionada con el derecho a la educación señala que “las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.
Respecto de las pensiones, se aprobó el inciso por mayoría de derecha que señala que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.
El líder de los republicanos, Luis Silva, afirmó que las normas en materia de seguridad social, salud y educación que se aprobaron “garantizan la libertad para elegir. Es decir, la preferencia la tienen las personas para decidir quién le da la salud, quién le da la educación y quién le garantiza las pensiones”.
Una opinión que contrasta con la posición de los consejeros oficialistas que lamentaron las votaciones que terminaron por derrumbar el Estado Social Democrático de Derecho consagrado en el texto de la Comisión de Expertos.
El consejero Fernando Viveros (PC) expresó que con esta votación se “selló el ataúd del Estado Social Democrático como lo tienen países desarrollados o con una visión social como muchos chilenos y chilenas anhelábamos”.
“La derecha ha terminado por convertir la salud, la educación, las pensiones en una mercancía con la cuales se lucra y pasan a ser un producto más del mercado. Es una pena tener que vivir este momento que sella el futuro de estos derechos sociales”, dijo Viveros.
Anti-derechos sociales
Por su parte, el consejero Ljubetic afirmó que, así como el miércoles se aprobó “una Constitución anti-mujeres”, este jueves se aprobó “una Constitución anti derechos sociales garantizados”.
Indicó que en materia de libertad sindical “hay un claro retroceso evidentemente en relación al anteproyecto de los expertos, respecto de los temas relativos con la negociación colectiva sindicalización y el derecho a huelga”.
Explicó que en algunos aspectos lo aprobado es “aún más regresivo que la Constitución vigente, se vuelve a enjaular la negociación colectiva en la empresa, retrocediendo incluso respecto a los avances a que a duras penas se había podido lograr en el marco del constitucional vigente, abriendo la negociación colectiva a nivel de supra-empresa de tal manera de hacerla posible en nuestro país”.
Sobre las enmiendas referente a las organizaciones sindicales, Ljubetic afirmó que se desconfía de esas medidas. “Así como se llenan la boca a propósito de los organismos intermedios, cuando se trata de organizaciones sindicales se reduce su autonomía, se eliminan las facultades y la función que tienen de afiliarse a organizaciones sindicales internacionales, que es una vocación clásica de las organizaciones sindicales del país y del mundo. En materia de huelga se constriñe la huelga en una perspectiva que es la propia de ese sector a los procesos de negociación colectiva, en vez de haberlo dejado como estaba en la comisión de expertos, como abierto al debate legislativo posterior”.
Agregó que lo existía en el anteproyecto eran disposiciones sobre libertad sindical que eran habilitantes del debate político legítimo, pero que hoy día “tenemos una propuesta constitucional que restringe y limita la posibilidad de ese debate acerca las relaciones laborales en el país”.
Sabor amargo
Por otro lado, indicó que en materia de Seguridad Social “se constitucionaliza un modelo específico que es el modelo de las AFP y esto tiene como consecuencia que se proscribe y que queda fuera del marco constitucional, incluso del debate que está ocurriendo hoy día en el país. El debate actual en materia de reforma provisional en el sentido de que un porcentaje de las nuevas cotizaciones vaya en la perspectiva de solidaridad, a la luz del texto constitucional aprobado, sería una discusión que quedaría fuera del futuro marco constitucional”.
Al mismo tiempo, el consejero afirmó que con la aprobación de estas nuevas enmiendas, “se consolida la destrucción de una efectiva idea de seguridad social en la medida en que se proscribe cualquier posibilidad de que la solidaridad entre las personas, intergeneracional, que es un elemento constitutivo de todos los países de la Seguridad Social, pueda darse en el país”.
Por lo anterior precisó que “nos parece, por lo tanto, que hoy día estamos asistiendo a un nuevo acto en el proceso de demolición de las posibilidades y perspectivas de que el país disponga como efectivamente nos mandataron las bases, sino por el mandato popular que entendemos que generó este proceso, de avanzar hacia un país con derechos sociales efectivamente garantizados, un país con un Estado Social y Democrático de Derecho”.
Sobre las enmiendas aprobadas sobre la libertad de elección en salud, el consejero afirmó que “aquí no se trata de proscribir la posibilidad que las personas puedan tener la opción de elegir una clínica o algún establecimiento público de salud, se trata que el nivel de las instituciones de cobertura, es decir las aseguradoras de esta materia que son la Isapres, esté allí radicado el principio de la libertad de elegir. Que quede claro, ni hoy día ni en este proyecto las personas van a tener la posibilidad de elegir a las instituciones porque hoy día y mañana, como ustedes saben son las aseguradoras las que eligen a sus clientes, las eligen en función de su género, de su edad y si son sanos o no son sanos. Las Isapres no constituyen una alternativa de libertad de elección hoy día, y menos en la propuesta recién aprobada en el plenario”.
Ljubetic afirmó que después de la aprobación de estas enmiendas, “es evidente que todas estas sesiones nos dejan con un sabor amargo, donde se consolidan las aprehensiones que teníamos en el sentido de que aquí, muy lejos de la voluntad de buscar acuerdos, discusiones generales, o establecer incluso silencio en que podríamos haber dejado habilitado la discusión posterior, lo que ha ocurrido plenario tras plenario, votación por votación, es la imposición de esta maquinaria demoledora de derechos y libertades para Chile”.
El pleno del consejo continuará este viernes con las votaciones del Capítulo II sobre “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, mientras que el sábado se votarán los Capítulos III y IV.
Crédito: Osciel Moya Plaza – Diario UChile
