Organizaciones y expertos criticaron la injerencia del poder político en estos hechos y la falta de regulación en la normativa vigente. “Hay mucha colusión entre influyentes actores del mercado que tienen relaciones con agentes públicos”, acusaron.
A propósito del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, una de las problemáticas que quedaron al descubierto fue la de la construcción de viviendas en sectores de riesgo y las responsabilidades que les caben a las inmobiliarias por estos hechos.
Y es que una de las postales que dejó este evento climático fue el gigantesco socavón que se generó a metros del edificio Kandinsky, construido en 2012 por Besalco, en el límite de las comunas de Viña del Mar y Concón, del que tuvieron que ser evacuadas de forma preventiva 12 familias ante el riesgo de derrumbe.
También se suman las denuncias por irregularidades en la construcción de un conjunto de viviendas –a manos de una empresa vinculada al senador RN Rodrigo Galilea- en el sector de Parque Zapallar, en la comuna de Curicó, el cual resultó completamente inundado por encontrarse a solo metros del estero Guaiquillo, que se desbordó.
Bajo ese contexto, el director de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, fue enfático en cuestionar las relaciones de poder detrás de estas obras. “En Chile existe mucha colusión entre influyentes actores del mercado que tienen relaciones con agentes públicos en algunos periodos de sus vidas ejercen como ministros, como seremis, como intendentes y esta colusión ha sido permanente, es más, yo creo que nunca se va a terminar”, cuestionó.
En ese sentido, sobre lo sucedido en Viña del Mar, Herman desestimó la explicación dada por Besalco al señalar que el colapso del edificio se produjo por una falla en el colector de aguas lluvias.
“La gente ingenua le podría creer a la empresa, pero sabemos que eso no es así, porque el colector de aguas lluvias se ejecutó exclusivamente para que se construyera el edificio que hoy día tiene el socavón, es decir, si no se hubiera construido el edificio, no se construía el colector y quien elige a la empresa que ejecuta el colector de aguas lluvias es la propia empresa Besalco. Entonces, que no se vengan a lavar las manos, tienen clara responsabilidad”, acusó.
Herman mencionó que estos hechos también se explican por una falta de regulación en las normas que velan por estas materias. Así, apuntó el caso de la Ley 20.016 relativa a la calidad de la construcción, cuyo reglamento no existe hace 18 años. Misma situación de la Ley 20.703 que crea y regula el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obras y el Registro Nacional de Revisores de Proyecto de Cálculo Estructural que, al no contar con reglamento hace 10 años, impide un correcto registro de las inspecciones técnicas de obras (ITOs).
La coordinadora de vinculación con el medio del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRID de la Universidad de Chile y exsubdirectora de ONEMI (hoy SENAPRED), Natalia Silva, compartió este análisis, indicando que, al tratarse de una problemática ampliamente documentada por instituciones y la academia, se requiere “movilizar esfuerzos públicos, privados, voluntad y factibilidad política por sobre todo, porque acá lo más importante es poder integrar tanto normativa, aspectos reglamentarios e institucionales”.
Desde esa perspectiva, expresó que un aspecto relevante “tiene que ver con los instrumentos de planificación territorial, que son los Planes Reguladores Comunales, planes de otra escala en el territorio, a la fecha no cuentan con una definición de riesgo, la mayoría de los PRC sólo estiman amenazas”.
“Desde ya varios años que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de una licitación está con una consultora, con un apoyo también multisectorial, generando una nueva versión de una guía que estandariza las metodologías de riesgo en los Planes Reguladores Comunales e Interseccionales, porque eso no existe. La gran mayoría de los PRC hoy por hoy tienen identificado amenazas, mas no riesgos, es decir, no hay exposición, no hay vulnerabilidad en estos planes, algunos están obsoletos, los tiempos de tramitación entre que se diseña y tramita un plan regulador comunal puede pasar casi una década”, manifestó.
Por lo mismo, hizo hincapié que ante los efectos del cambio climático “tiene que volver a mirarse cómo se articulan estos planes, cómo se incorpora este nuevo trabajo que está haciendo el MINVU, que a fines de año ya se espera poder tener una guía metodológica que estandarice el riesgo”, relevando, además, los alcances de la Ley 21.364, que “establece una nueva función para el SENAPRED, que es el sucesor de ONEMI, que es la supervisión”.
“Esa supervisión tiene que echarse a andar lo antes posible, ya han pasado dos años de la promulgación de la ley y la institucionalidad también tiene que ponerse a tono no solo desde la planificación y la asesoría, que son dos de las funciones grandes que tiene SENAPRED, sino que también tiene que empezar a diseñar estrategias de supervisión que, de alguna manera, ahí hay una debilidad porque tampoco viene acompañada de una fiscalización, no tiene una potestad sancionatoria, por ejemplo, como lo tiene la superintendencia”, dijo.
En tanto, el ingeniero forestal y académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago, Jorge Morales, recalcó que ante panoramas como los ocurridos por el sistema frontal “vamos a estar enfrentados a que esa condición sea cada vez más fuerte. Entonces, las normas de construcción y los permisos que se tienen que sacar para poder acceder a zonas que pudieran tener algún tipo de riesgo, tengan en cuenta periodos de recurrencia muy breves, es decir, que toman en cuenta historias del ecosistema que son de poco tiempo”.
“Lo que correspondería hacer, lo que la autoridad debiera tomar como punto de inflexión, es analizar dónde están los grandes problemas y ver cuál es realmente la norma que tiene que actualizarse y, por ejemplo, aumentar el período de análisis de recurrencia en los fenómenos climáticos. Esto se nos vino de una vez por todas y lo más seguro que estos tres eventos de ríos atmosféricos que hemos tenido este año puedan repetirse en los próximos y no necesariamente en invierno, puede ser en verano también”, aseveró.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
