De todas maneras, el titular de la cartera de Vivienda anunció que un equipo de su ministerio viajará a la región para realizar una investigación preliminar. “Si aparece algún elemento que no corresponda, ahí nosotros vamos a reaccionar”, añadió.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respaldó al seremi de la cartera del Maule, Rodrigo Hernández, en medio de las sospechas por la transferencia de más 500 millones de pesos a la fundación Urbanismo Social.
Los cuestionamientos nacieron debido a que Hernández fue director jurídico de esa ONG y además militante de Revolución Democrática, partido envuelto en la polémica después de que se diesen a conocer los millonarios traspasos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.
Luego de sostener una reunión con el Presidente Boric, Montes indicó que Rodrigo Hernández “es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño y vamos a ver de las cuestiones que están circulando, qué tiene algún fundamento”, resaltando además que el seremi del Maule “se inhabilitó” para la firma de los contratos.
“Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una organización muy reconocida en todo el país como Urbanismo Social con un organismo público. Si aparece algún elemento que no corresponda, ahí nosotros vamos a reaccionar”, afirmó.
El ministro además subrayó que al igual que en el caso de Democracia Viva, “un equipo del más alto nivel del Ministerio de Vivienda, hará una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia”.
Además, el titular del Minvu respondió al emplazamiento de su compañero de partido, el senador Fidel Espinoza, quien publicó una resolución donde Montes delega la facultad de celebrar convenios de trato directo, del programa de asentamientos precarios, a las distintas seremis de la cartera.
Al respecto, el ministro de Vivienda respondió que “eso se viene firmando exactamente en los mismos términos desde el 2019. Tiene que ver con que hay una serie de decisiones del nivel central que se entregan a los otros niveles para que tomen decisiones y se hagan responsables de ellas y cumplan las normas, no tiene otro fin”.
“Pero bueno, él podrá tener sus objeciones, que las haga saber y para eso hay distintas instancias democráticas para discutirlo”, aseveró.
Crédito: Diario UChile
