El vicepresidente de Corpade, Ricardo Valenzuela, criticó el hecho de que el Mineduc se desprenda de la tarea de disponer un entorno seguro al alumnado, en atención a que muchos establecimientos educacionales no reúnen las condiciones para evitar la diseminación del virus. En ese sentido, señaló que la disposición de la autoridad, evidenciará las brechas del sistema educativo, tal como sucedió con la aplicación de las clases híbridas.
En conversación con la periodista Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) abordó el retorno presencial a clases determinado por el Ministerio de Educación bajo la aplicación de un protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica que elimina, entre otras disposiciones, la restricción de aforos al interior de los recintos educacionales. Un insumo que el colectivo revisó concienzudamente, señaló el dirigente, identificando la ambigüedad de la autoridad en cuanto deja “a la suerte” la propagación de la enfermedad.
Y es que bajo el parecer de Corpade, el Mineduc se desprende totalmente de la tarea de disponer un entorno seguro al alumnado, delegando esa responsabilidad ya sea a las comunidades educativas, a los municipios o a los establecimientos educacionales, muchos de los cuales no cuentan con los recursos necesarios para generar las condiciones que eviten la diseminación del virus.
“Eso nos preocupa porque la brecha gigantesca que se forjó con las clases híbridas, que no todos los niños tuvieron la posibilidad de poder tenerlas a cabalidad porque o no tenían los medios específicos de software, vía internet o los hardware en este tema de los computadores y los teléfonos inteligentes para poder tener clases, hoy día se va a demostrar que no todos los colegios tienen la capacidades de poder tener ciertos espacios suficientes para que los niños estén a un metro de cabeza con cabeza, que es lo que piden hoy día, sin un aforo determinado donde tienen que ir todos los niños porque hoy día es obligatorio. Entonces uno se pregunta como apoderado ¿En realidad es lo que debiese ser?”, cuestionó.
Si bien desde la coordinadora están de acuerdo con que las clases presenciales son necesarias para subsanar la brecha, que en materia de aprendizaje, se exacerbó tras el cierre de los establecimientos, y que consideran fundamentales el propiciar espacios de socialización entre los niños, niñas y adolescentes, sostienen que el ministerio debió generar las instancias de diálogo para efectos de conocer cuán plausible es poder adoptar el protocolo de medidas sanitarias.
“No se llama a los especialistas, no se llama a los convenientes a conversar, se sigue tomándo decisiones en oficinas ministeriales sin llamar a los profesores, sin llamar a los asistentes de la educación, sin llamar a los apoderados, sin llamar a las comunidades educativas a poder evaluar en cada sector cuáles son los problemas concretos que hay que resolver para que nuestros niños estén seguros en los colegios”, afirmó Valenzuela.
En ese sentido señaló que el Ejecutivo debió haber adoptado una presencialidad gradual para efectos de evitar las aglomeraciones que pueden a todas luces radicar en un punto de contagios, considerando que las salas de clases, inclusive en los colegios particulares subvencionados, no dan para albergar a 43 alumnos, indicó.
“Si el Estado está preocupado de una aforo en un recital, de que en las salas de teatro tiene que haber una cierta cantidad de personas que es súper mínimo, que los restaurantes no pueden estar todos juntos ¿Cómo mandamos a nuestros hijos, que lo más importante que tiene una sociedad, a poder estar todos juntos achoclonados en un espacio? ¿A veces inclusive con precariedades inmobiliarias? Entonces nosotros creemos que eso debe ser con una presencialidad alternada, un porcentaje de estudiantes un día, un porcentaje de estudiantes el otro”.
El dirigente sostuvo que desde la coordinadora son conscientes del problema económico por el que deben cruzar los colegios particulares subvencionados y particulares- que representan el 54 por ciento de todo el sistema educativo, acotó- en cuanto “requieren la circulación y la entrega de ese servicio para poder cobrar”, al igual que de la necesidad que tienen muchos apoderados de llevar a sus hijos a los colegios para efectos de poder ir a trabajar. No obstante, la presencialidad es una condición que no se podrá mantener en el caso de que los brotes de Covid se susciten, recalcó, y en ese sentido señaló como preocupante el que no se contemple en el protocolo sanitario del Mineduc, al resto de los actores vinculados con el proceso educativo.
“Con este protocolo, si el curso se enferma de Covid pasado 14 días los niños se van a cuarentena pero los profesores no, es decir ¿Los profesores son de palo? ¿No se enferman? Los asistentes de la educación no están contemplados en el protocolo Covid y eso es un tema, es decir no están nombrados en ninguna parte, no está nombrada la comunidad educativa. Está nombrado el sujeto al cual se le entrega un servicio que es el niño y el intermediario que es el prestador del servicio que puede ser estatal o particular y ese es un tema y nos preocupa con la lógica en que se mira esta situación de la educación en Chile, que se sigue mirando”.
Mientras que de esta administración Valenzuela espera ver a un “Estado reactivo, proactivo y que entregue los medios correspondiente” para este retorno presencial a clases, respecto a la gobierno entrante, cuyos integrantes son jóvenes que marcharon durante muchos años junto a la Coorporación -mencionó- dijo esperar ver la claridad de que “lo esencial y lo básico es partir conversando con las comunidades educativas, con las agrupaciones y asociaciones de profesores, asistentes de la educación, para poder tener entre todos una mirada real desde la comunidad educativa sobre cómo se debe enfrentar esta pandemia en conjunto como sociedad. No como imposición de parte de una visión educativa mercantil”.
Crédito: Diario UChile
