A juicio de diversos analistas y expertos, lo ocurrido en los últimos días demuestra el fracaso de las políticas migratorias del actual Gobierno, cuando sigue pendiente la creación de una política multilateral que respete los derechos fundamentales de la población migrante.
El fenómeno migratorio existente en nuestro país vivió uno de los momentos más complejos durante este fin de semana. El pasado sábado, una multitud participó en la marcha organizada por “No + Migrantes” que terminó con la quema de las pertenencias de las personas que acampaban en la Plaza Brasil de la ciudad de Iquique.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En ese contexto, el diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, criticó la gestión del Gobierno, y responsabilizó al Ejecutivo por no tomar en serio la situación migratoria.
“Una ley no basta, sino debe ser el espíritu de cómo ordenar, regular, controlar, sin duda. No solamente en decirlo, sino que además hacerlo. En el norte sabemos acoger a migrantes porque hemos tenido residentes peruanos y bolivianos por muchas décadas, y sabemos convivir en términos culturales como corresponde. Además, hoy día esto es consecuencia de una situación que hace algunos años el propio Presidente Piñera provocó cuando invita a todos los hermanos venezolanos a venir a nuestro país de tal forma que en ese momento quiere marcar un punto político y una diferencia con el gobierno de Maduro”, aseguró el parlamentario.
En la misma línea, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Vanessa González, rechazó lo ocurrido durante la jornada del sábado porque “son actos derivados de la violencia fascista y xenófoba. También de las campañas de odio que se han generado hacia la migración. A su vez, rechazamos las expulsiones colectivas y los desalojos forzados. En este sentido, responsabilizamos al Gobierno central y a las autoridades en materia migratoria por generar políticas que buscan perseguir, reprimir y criminalizar a las comunidades inmigrantes”.
En esa línea, González pidió celeridad en la regularización migratoria para todas las personas migrantes y que sea una política que aborde la situación desde el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En un sentido similar se pronunció este lunes la vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Lorena Zambrano, quien en conversación con Radioanálisis apuntó a la utilización política de este tema por parte de las autoridades del Ejecutivo.
“El Gobierno se reía de ver toda esa pantomima porque eso es lo que andan buscando. Los migrantes nos hemos convertido en un eje político, mas no humano. Justamente, esto es un distractor. Nos sentimos así. A puertas de elecciones electorales y de un nuevo presidente, resulta que hay desalojos, resulta que estamos hablando de cambios, de reestructuración importantes de la región y ocurre todo esto”, expuso.
Un cambio de timón
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes expresaron que sólo el 14 por ciento de las solicitudes de visa de responsabilidad democrática han sido aprobadas, y que la implementación del Plan Colchane sólo ha agudizado la situación de migración. A través de una declaración firmada por organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado urgente para “un cambio de timón en las políticas del Gobierno que sea inclusivo, participativo, humanitario e internacional”, que permita generar un espacio de entendimiento y de diálogo que encauce el fenómeno migratorio.
Desde el punto de vista político, la académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, analizó la situación que está ocurriendo en el país, y explicó que los procesos migratorios se miran desde la perspectiva de los derechos humanos y de la seguridad. “Después de lo que pasó en Iquique, hay que relevar con mucha fuerza el tema de los derechos humanos, porque las personas no son ilegales. Cuando se habla de la migración ilegal y comienza una discusión muy equivocada. La pregunta es por qué como país no abordamos un problema tan importante como la migración”, observó.
La cientista política también afirmó que las visas creadas en los últimos años entregaron un mensaje de apertura que se contradice por la actitud del Ejecutivo.
“No han sido coherentes con la forma de actuar del Gobierno, porque ya hemos visto la expulsión de migrantes en condiciones muy denigrantes para las personas. Tú no puedes hacer una política pública que no se funde en el respeto a los derechos fundamentales. Porque los chilenos también hemos sido migrantes. En muchas épocas de la historia de Chile, los chilenos han tenido que salir del país por razones económicas, políticas y de otra naturaleza, y probablemente nos va a tocar en otros momentos de la historia. Entonces, si uno quiere ser coherente tiene que priorizar una política de migración democrática. Eso significa que está fundada en los derechos humanos, que garantiza la seguridad pero que, sobre todo, tiene que tener una visión multilateral”, expuso Figueroa.
Asimismo, la académica destacó la necesidad de generar políticas multilaterales que respeten los derechos fundamentales de las personas migrantes.
“Tú no puedes hacer una política migratoria pensando en fortalecer la policía en el límite. Eso no tiene ningún sentido. Tienes que hacer una política multilateral, una legislación acorde a los acuerdos multilaterales y que esté centrada en los derechos fundamentales. Las imágenes de Iquique son muy preocupantes porque esa xenofobia, ese racismo, se puede dar en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. Entonces, si la condena no es inmediata, también hay una cuestión de formación de ciudadanía y nosotros estamos en un proceso político de cambios muy sustantivos y creo que es muy importante no dejar pasar eso como lo prioritario en estos momentos”, sostuvo Figueroa.
De igual manera, Patricia Rojas, vocera de la Asociación de Venezolanos de Chile, confirmó la preocupación de la comunidad venezolana por los hechos ocurridos en el norte, pero advirtió que son la consecuencia del fracaso de la política migratoria.
“Sentimos mucha pena, indignación y preocupación. Además de condenar los actos de violencia que sólo expresan odio y xenofobia. Creemos que Chile está muy por sobre encima de eso, y aunque sabemos que la mayoría de los chilenos no están reflejados en esas acciones, igual nos preocupan porque, no importa qué tan pequeño sea un grupo que, movilizado por el odio, puede causar mucho daño. Esto es consecuencia de una falta de una política migratoria que realmente se haga cargo de lo que viven actualmente la región, no solamente Chile. Lamentablemente, hemos visto una política migratoria que ha ido cerrando la posibilidad de que las personas puedan migrar, sobre todo las venezolanas a Chile, de una manera regular. Estamos viendo que el número de personas ingresando por pasos no habilitados, lamentablemente, se ha incrementado de manera exponencial en los últimos dos años”, expresó.
Además, la vocera de la Asociación de Venezolanos de Chile confirmó la información entregada por el Servicio Jesuita a Migrantes en relación a que la mayoría de las solicitudes de visas no han sido aprobadas por el Gobierno. “Te puedo decir que en noviembre del año pasado fueron cerradas masivamente y de manera arbitraria e ilegal, según la Corte Suprema, más de 91 mil solicitudes de visa de responsabilidad democrática. Esto vino a generar que muchos padres y madres o hijos buscaran el ingreso irregular de sus familiares en Venezuela como una manera de reunificación familiar”, subrayó Rojas.
Para Rojas, los vuelos de expulsión impulsados por el Ejecutivo reflejan “una política que busca estigmatizar y criminalizar a las personas que entrar al país de manera irregular, porque hay una suerte de mezcla entre personas que efectivamente han cometido delitos en Chile y tienen como pena sustitutiva la expulsión, y personas que ni siquiera tenían antecedentes penales que habían ingresado efectivamente por pasos no habilitados, pero que la expulsión hubiese podido ser el último recurso”.
En ese sentido, la actual ley de migración que data de 1975 refiere a que hay distintas instancias de sanciones para personas extranjeras que ingresen por pasos no habilitados. Primero se impone una sanción escrita, después una multa económica y, como última medida, se aplica la expulsión, como se refleja en los vuelos organizados por el Ejecutivo. Para ASOVEN, esta medida aplicada a migrantes que ingresaron de manera irregular al país, provocaron indignación porque “ver a personas con overoles blancos acompañados de un funcionario de la Policía de Investigaciones, como si se tratara de terroristas en Guantánamo. Yo creo que produjo el repudio de muchas personas en Chile y de la comunidad internacional”, expuso su vocera.
“Yo creo que el Gobierno de Chile tiene que entender que la migración no se regula por decretos. Se trata de algo de la naturaleza humana y si tenemos una crisis humanitaria compleja en uno de los países de la región, como es Venezuela, que todos los países de la región cierren sus fronteras no va a venir a solucionar absolutamente nada, sino que va a crear, en otros países, exactamente lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que esa exigencia del Ejecutivo nacional a otros países vecinos dan muestras de la ceguera que tienen ellos en temas migratorios y de personas desplazadas”, concluyó Patricia Rojas.
