El episodio de Franco Parisi ha dejado abiertos los cuestionamientos sobre la institucionalidad, en cuanto a si las condiciones requeridas son las suficientes para un cargo de la importancia de la primera magistratura del país.
La carrera a La Moneda no ha estado exenta de controversias. De las nueve apuestas que llegaron al Servel, dos de ellas fueron rápidamente desestimadas, una de ellas -la del timotel de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao- a causa de la falsificación de 23 mil firmas que derivó en la querella de la colectividad en su contra. Algo equivalente ocurrió con Gino Lorenzini.
Ahora es el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, el involucrado en un proceso judicial, al darse a conocer que mantiene una orden de arraigo vigente por deuda de pensión alimenticia de dos hijos, que superaría los $ 207 millones de pesos. Una resolución que emanó el Tercer Tribunal de Familia de Santiago, que se decretó en agostó del 2020 y de la cual Parisi aseguró nunca haber sido notificado.
La disposición del tribunal permitiría que el Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceda con su detención y que el candidato sea llevado a los tribunales en la eventualidad de ingresar al territorio nacional. Por su parte Parisi, había explicado su residencia en Estados Unidos por motivos laborales al desempeñarse como académico de la Universidad de Alabama. Afirmación que estos días fue desmentida por la institución.
Este martes, consultado por este asunto en radio Cooperativa, Parisi aludió la mediatización de su caso como un aprovechamiento político, señalando que en Chile es “perseguido”. Asimismo aseguró estar tranquilo de que resultará victorioso de esta situación.
Más allá de la resolución del caso que lo involucra y de la individualidad del candidato, el episodio de Franco Parisi ha dejado abiertos los cuestionamientos sobre la institucionalidad, en cuanto a si las condiciones requeridas para inscribirse como opción en las papeletas son suficientes para garantizar un piso valórico mínimo de las y los candidatos.
En conversación con el director de radio Universidad de Chile, Patricio López, la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans, quien presentó junto a la diputada Maite Orsini (RD) una reforma constitucional para que la pensión de alimentos esté garantizada como un derecho de los niños y niñas, abordó la situación interpretándola como una evidencia de la naturalización que existe frente a los hombres adeudados por estos hechos.
“A mí me resulta chocante que al día de hoy pueda ser candidato presidencial Parisi sin ningún problema, a pesar de tener esta deuda millonaria en materia de pensión de alimentos. La integridad de una persona también demuestra la responsabilidad por lo menos con los hijos e hijas, me parece que es una responsabilidad principal”, afirmó.
Los requisitos
Para el caso de los independientes se exige una cantidad de firmas equivalente al 0,05 por ciento, tomando como base el total de votos emitidos en la última elección de diputados y diputadas, lo que constituye casi 34 mil firmas requeridas para concretar la inscripción. Por otro lado, para quienes se presentan desde la militancia de un partido político o coalición, basta con que la misma colectividad lo presente como candidato o candidata presidencial para figurar como abanderado/a.
Al respecto, el analista político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, explicó que a nivel comparado en América Latina son tres los criterios para establecer los requisitos de postulación al cargo de presidente de la República: nacionalidad, edad y ciudadanía.
“Por nacionalidad las constituciones se refieren al origen de cada uno de los candidatos presidenciales resguardando los requisitos de nacionalidad que establece cada país. En el caso de la edad, en Chile se exige sobre los 35 años y más, previo a la reforma del 2005 se exigía 40 años o más y ahí el panorama es más o menos variopinto en América Latina. El criterio de ciudadanía es que se entiende por ciudadano a toda persona que conserva sus derechos políticos y existen algunas formas de perderlos, que en el caso de Chile dice relación a haber sido acusado, estar acusado o haber sido condenado por algún delito que implique pena aflictiva“, explicó.
Si bien el caso de Parisi no incurre en ilegalidad en estos términos, al cumplir con todos los requisitos del marco normativo y al no existir ninguna justificación para que Servel hubiese revisado sus demandas por pensión alimenticia, esto no quiere decir que la situación que lo atañe no sea impresentable desde un punto de vista político, sostuvo Morales. No obstante esa sanción sólo podría manifestarse en las urnas, añadió.
En esa línea, la politóloga y académica Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero afirmó que la legislación no considera criterios de orden político, pero que sí pueden incidir en quién avanza en la carrera presidencial.
“El estándar en este caso no es legal sino un estándar de autovaloración de si el candidato estima que esto lo va a afectar electoralmente o no. Todos estos estándares que son más ejemplificadores de los que nos gustaría cómo nuestros representantes actuaran, son los que pone la ciudadanía en las urnas. Si es posible ser candidato con pensiones alimenticias vencidas o sin pagar no es una exigencia legal, pero es una exigencia política”.
Por su parte, la cientista política y académica del instituto de asuntos públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss señaló que lo sucedido con el candidato del Partido de la Gente es la demostración de un rezago en materia de las agendas que levanta la sociedad, particularmente grave en este caso en la medida que involucra una vulneración a menores y la enajenación de los roles de cuidado que históricamente se le atribuyen a las mujeres.
“Yo creo que los estándares sociales son muy exigentes. Hemos visto un cambio en general de las agendas que tienen que ver con los abusos hacia las mujeres, las injusticias que se cometen con las mujeres y hay una sensibilidad mucho más grande en la opinión pública, pero esa sensibilidad todavía no está en sintonía con las instituciones y por eso es importante la revisión que se está haciendo de la legislación para hacer que los delitos que tienen que ver con estos incumplimientos se sancionen de manera mucho más exigente, que sea una inhabilidad por ejemplo para otros tipos de funciones públicas“, señaló.
Para Mauricio Morales, una vía para instalar este debate es a través de la Convención Constitucional, considerando que no existe un indicio legal que se le pueda achacar a la institución a causa de este motivo.
“Lo que si podemos discutir en el marco del debate constitucional es la adición de requisitos para la postulación del cargo que vayan más allá de los criterios de nacionalidad, edad o ciudadanía. Se podría agregar otro tipo de acusaciones o condenas de algún candidato presidencial para bloquear su avance a la papeleta presidencial, pero habría que definirlo de buena forma”, advirtió.
A eso agregó que si bien una deuda por pensión alimenticia no constituye pena aflictiva “si la ley o la Constitución se torna más exigente e incluye este tipo de situaciones, entonces vamos a incrementar el volumen de filtros que existan para cada candidato presidencial y de esa forma no encontrarnos a última hora con sorpresas de esta naturaleza”, concluyó.
